Con este anteproyecto se contempla expresamente que no se pueda utilizar como prueba las comunicaciones entre colegiado y cliente.
El anteproyecto, que ya es de consulta pública, refuerza el secreto profesional y el papel de las instituciones colegiales de la abogacía. Así es considerado el Consejo General de la Abogacía tras su lectura que ha sido aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 30 de agosto y publicado el día 2 de septiembre.
Aunque se quedan fuera algunas demandas de la abogacía, como es el intrusismo, se estima que es un gran paso para la consolidación de unos derechos que se recogen en la constitución y todavía están pendientes de ser desarrolladas en una ley orgánica aprobada por el consejo de ministros.
La abogacía valora el anteproyecto de ley ya que contempla expresamente que las comunicaciones entre profesionales y clientes debe ser totalmente privada y no podrán ser admitidas como prueba excepto si se cuenta con la autorización legal prevista en las leyes. Por tanto, los expedientes están protegidos en caso de una investigación en un despacho profesional, amparado por la confidencialidad entre el abogado y su cliente..
Asimismo, las funciones deontológicas y disciplinarias de los colegios y consejos de la abogacía se ven reforzados con la función exclusiva de iniciar de oficio los expedientes contra quienes hayan podido infringir la normativa establecida en el Estatuto General de la Abogacía y en el Código Deontológico de la Abogacía Española. También los consejos autonómicos y generales tienen la capacidad de presentar expedientes disciplinarios cuando los casos traspasan el ámbito de los colegios o comunidades autónomas.
Una buena base con la que se puede trabajar es con el posible aprobado, considera la abogacía, y en especial durante la tramitación en el parlamento para poder seguir mejorando el anteproyecto.
Esto supone un paso adelante en la protección de los ciudadanos, que consolida todas las garantías vinculadas a la defensa legal en un solo texto. La normativa permitirá aumentar las garantías constitucionales de la tutela judicial efectiva y que supone un avance fundamental del estado de derecho.
Fuente: Noticias jurídicas
