Ley de Evaluación de Políticas Públicas: Aprobada en el Congreso

El Congreso de los Diputados aprueba finalmente el jueves día 1 de diciembre el Proyecto de Ley de Evaluación de Políticas Públicas de la Administración del Estado, norma que pretende promover una genuina cultura de evaluación al establecer la sistematización de la evaluación de políticas públicas. Analizar las medidas políticas implementadas por el Poder Ejecutivo.

El proyecto fue aprobado por el Consejo de Ministros en mayo del año pasado, pasó todas las audiencias públicas y fue enviado al Parlamento, donde comenzaron todos los procesos parlamentarios, incluida la aprobación en el Senado y ahora la aprobación final en la Cámara de los Comunes. 

La ratificación de esta norma constituye uno de los hitos del Componente 11 Modernización de las Administraciones Públicas del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, en particular el Hito 146 relacionado con la promulgación de la citada ley.

Inclusiones en el trámite parlamentario

Entre las novedades introducidas en el procedimiento parlamentario destaca la prevención y lucha contra la despoblación y el reto demográfico. Para ello, se ha añadido una disposición adicional, que contiene el impulso del gobierno para implementar el Mecanismo de Garantía Rural. De esta forma, el desafío demográfico fue incluido en la norma como uno de los aspectos técnicos a ser considerados de manera más general en el diseño de políticas públicas, convirtiéndose en el criterio de interés público para la evaluación e incluido en los elementos del código de ética del equipo de evaluación.

Otra de las novedades es la obligación de destinar una partida económica a cada proyecto de evaluación para su realización, que deberá estar claramente especificada en el contrato de evaluación y adaptada a las necesidades reales.

Las obligaciones también se amplían en materia de transparencia. Los informes finales de evaluación y la memoria anual serán publicados en el portal de transparencia.

Los Objetivos que se buscan alcanzar

Con esta normativa, la evaluación de las políticas públicas debe servir para hacer más eficiente la asignación de recursos y optimizar el proceso de toma de decisiones; Promover la innovación en las acciones del sector público orientadas a una gestión moderna y útil para resolver los problemas y desafíos sociales; y avanzar en el control de responsabilidades y rendición de cuentas.

La norma introduce un enfoque transversal, integral y participativo a la hora de medir el impacto de las políticas públicas en los ciudadanos. De esta forma, se fortalecen las capacidades del sistema público para evaluar las políticas públicas en la gestión del gobierno general, al brindar herramientas para analizar el impacto de las políticas con un enfoque más amplio que el presupuestario o de gasto.

De este modo, se tienen en cuenta otras variables como la perspectiva de género, el equilibrio generacional, el reto demográfico, la transformación digital o la sostenibilidad social y ecológica. También se añadieron otras variables en el proceso parlamentario, como las relacionadas con la infancia, el empleo o la justicia social.

Cumplimiento de las normativas internacionales

Todo ello con el objetivo de mejorar la formulación de políticas públicas y su posterior implementación. El objetivo es mejorar la calidad, eficacia y estabilidad de estas políticas.

De esta forma, se cumplen los requisitos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y la Unión Europea, para avanzar en el proceso de institucionalización de la evaluación de las políticas públicas y dotar a España de un marco normativo que regule la materia.

La evaluación de políticas públicas se consolida como una herramienta para mejorar y conocer las políticas gubernamentales, para incentivar la toma de decisiones, sugerir posibles correcciones y, en definitiva, rendir cuentas a la ciudadanía. En este sentido, no se parte de cero ya que la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIREF) cuenta con una dilatada experiencia en la fiscalización del gasto público. Sin embargo, el nuevo estándar busca ampliar esta evaluación con un enfoque más transversal.

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