La empresa Glovo volvía a los titulares de los medios por la sanción que le había impuesto la ITSS y se reitera que existe una relación laboral entre los riders y la empresa Glovo, y por tanto, no podían ser considerados como trabajadores autónomos dependientes económicamente (TRADE).
El pasado año, se dictaba una sentencia en el juzgado de Zaragoza por la que la empresa Glovo y sus 329 trabajadores tenían una relación laboral, obligando a la empresa a pagar la seguridad social de todos ellos.
Una sentencia sin fin
La sentencia, confirmada en su totalidad por el tribunal superior de justicia de Aragon, condena a la empresa a las costas, ya que se considera a Glovo como el encargado de las decisiones comerciales y la encargada de compensar a los repartidores por sus servicios de reparto.“Ni los comercios ni los consumidores finales a quienes se realiza el servicio de reparto, son clientes del repartidor, sino de Glovo”, afirma la Sentencia.
En el fallo, el TSJ concluye que “existe una relación laboral entre la mercantil Glovo y los repartidores afectados” y que, contrariamente a la alegada independencia de los repartidores existía “una clara dependencia pues la mercantil demandada impartía directrices, instrucciones e indicaciones de cómo debía realizarse el reparto, ya fuera mediante una charla informativa al inicio de la relación, ya fuera poniendo a su disposición la documentación o remitiéndose a la Web de los Glovers.”
Por tanto, se confirma la obligación por parte de Glovo de cotizar a la seguridad social por sus trabajadores y la sanción inicial de 400.000€ en impuestos del ITSS.
Problemas con el modelo a aplicar
Debido a esta sentencia se plantean muchos problemas con el modelo de relaciones entre plataformas y riders, dónde los riders se oponen a una ley que supuestamente les beneficia y reclaman medidas legales para que estén protegidos de cara a la ley con contratos laborales más equitativos.Casos cómo estos demuestran la importancia de una buena asesoría laboral y asesoría fiscal, cumpliendo así con la legalidad española.
